México.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que profesor reprobado en
las 3 oportunidades de evaluación concedidas por la ley, podrá ser cesado sin
que la autoridad escolar viole sus derechos humanos.
La
Secretaría de Educación Pública y sus réplicas estatales cuentan con un
antecedente jurídico que les permita poner en orden a los profesores que
rechazan la evaluación porque saben de su incapacidad para superar los
exámenes.
La
negativa a aplicar la ley, dicen los gobernadores, es el pago por mantener en
paz sus entidades, pues de lo contrario los profesores les toman las plazas
principales, bloquean carreteras, vandalizan edificios públicos y fatalmente se
trasladan a la Ciudad de México en donde los reciben con los brazos abiertos en
las mesas de negociación.
Y
mientras tanto, los niños gozando de vacaciones interminables, pero destinados
a no salir de la ignorancia.
La
pregunta, sin embargo, es la misma, ¿los gobernadores estatales se atreverán a
cesar a los profesores que se niegan a ser evaluados y a quienes, aceptándolo,
no aprueben?
Sin
duda no, al menos en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, en donde a los
profesores en rebelión contra la Reforma Educativa se les trata cual si fueran
catedráticos de Harvard: no sólo incumplen con la obligación de evaluarlos sino
que les pagan los salarios no devengados.
El secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet, ya hizo su trabajo, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación está haciendo el suyo, ¿estarán dispuestos el resto de funcionarios
federales y gobernadores a cumplir su obligación mínima?
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